1. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. TEMA 12 PEON ESPECIALISTA JCCM

La igualdad efectiva de mujeres y hombres

Introducción

La igualdad de género se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres, así como para niñas y niños”. Esta igualdad no implica que mujeres y hombres sean idénticos, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no deben depender del sexo con el que nacieron. La igualdad de género significa que se deben considerar los intereses, necesidades y prioridades tanto de mujeres como de hombres, reconociendo la diversidad dentro de cada grupo.

Las iniciativas para eliminar definitivamente la discriminación contra las mujeres han sido numerosas dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas. Entre estas, destaca la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 y las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, siendo la Conferencia de Pekín de 1995 la que estableció más claramente el principio de transversalidad de género como estrategia para hacer efectivo el principio de igualdad.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, promovió la incorporación de una perspectiva de género como un enfoque clave y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de género. La Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín instan a todas las partes interesadas en políticas y programas de desarrollo, incluidas organizaciones de las Naciones Unidas, Estados miembros y actores de la sociedad civil, a tomar medidas en este sentido.

El enfoque de género implica considerar:

• Las diferentes oportunidades disponibles para hombres y mujeres.
• Las interrelaciones entre ellos.
• Los roles sociales asignados a cada género.

Estas cuestiones influyen en el logro de objetivos, políticas y planes de organismos nacionales e internacionales, y repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad.

El concepto de género abarca todos los aspectos de la vida económica y social, tanto pública como privada, de los individuos, y determina características y funciones basadas en el sexo o en la percepción que la sociedad tiene del mismo.

Los científicos sociales y especialistas en desarrollo utilizan dos términos distintos para referirse a las diferencias biológicas y a las construidas socialmente: sexo y género. Aunque ambos términos se relacionan con las diferencias entre mujeres y hombres, tienen connotaciones diferentes. El sexo se refiere a las características biológicas comunes a todas las sociedades y culturas. El género, en cambio, se relaciona con los rasgos moldeados a lo largo de la historia de las relaciones sociales. Las diferencias biológicas son la base de las diferencias de género, pero los roles asignados a mujeres y hombres van más allá de las particularidades físicas y biológicas. Las diferencias de género se construyen socialmente y se basan en la percepción de la diversidad física, gustos, preferencias y capacidades entre mujeres y hombres.

Mientras que las diferencias de sexo son inmutables, las de género varían según las culturas y cambian con el tiempo en respuesta a las transformaciones sociales.

Las relaciones de género derivan de cómo las culturas asignan diferentes funciones y responsabilidades a mujeres y hombres. Esto determina diversas formas de acceso a recursos materiales como tierra y crédito, o no materiales como el poder político. Las implicaciones en la vida cotidiana son múltiples y se manifiestan en la división del trabajo doméstico y extradoméstico, responsabilidades familiares, educación, oportunidades de promoción profesional, instancias ejecutivas, entre otros ámbitos.

A nivel comunitario

Especialmente relevante es la referencia a las siguientes directivas europeas:

• Directiva 2002/73/CE que modifica la Directiva 76/207/CEE sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, formación y promoción profesional y condiciones de trabajo.
• Directiva 96/97/CEE sobre la igualdad de trato en regímenes profesionales autónomos y de seguridad social.
• Directiva 97/80/CE sobre la inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación por razón de sexo.
• Directiva 2004/113/CE sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
• Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

El Grupo de Expertos/as del Consejo de Europa ofrece una definición completa y detallada del enfoque de género: “El mainstreaming de género es la organización (o reorganización), mejora, desarrollo y evaluación de procesos políticos para que una perspectiva de igualdad de género se integre en todas las políticas, en todos los niveles y en todas las etapas, por los actores habitualmente involucrados en la adopción de dichas políticas”.

Es una forma de observar la realidad basada en las variables sexo y género y sus manifestaciones en contextos específicos. Reconoce explícitamente el género como una construcción social y cultural histórica que puede y debe ser transformada. Como metodología, el enfoque de género contribuye a la humanización de la sociedad y el desarrollo, incluyendo por igual a hombres y mujeres en cualquier análisis, y desagregando los datos para obtener una visión más real y útil para las acciones públicas y civiles, y su eficacia. Sus objetivos principales son la integración del principio de igualdad de oportunidades en todas las políticas y prácticas cotidianas, evitando los desequilibrios y desigualdades existentes en la sociedad, y eliminando las discriminaciones no solo por sexo, sino también por etnia, discapacidad, etc.

En España, el término Mainstreaming se traduce como Enfoque Integrado o Transversalidad de Género. En julio de 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de transversalización de la perspectiva de género como: “El proceso de evaluar las implicaciones para hombres y mujeres de cualquier acción planificada, ya sea legislación, políticas o programas, en todas las áreas y a todos los niveles. Es una estrategia para que las preocupaciones y experiencias de mujeres y hombres sean parte integral en la elaboración, implementación, control y evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, para que ambos se beneficien por igual y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es lograr la igualdad de género”.

A nivel estatal, ante la necesidad de una acción normativa para combatir todas las formas de discriminación por razón de sexo y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, eliminando los obstáculos y estereotipos sociales, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La novedad principal de esta ley es la prevención de conductas discriminatorias (violencia de género, discriminación salarial, discriminación en pensiones de viudedad, mayor desempleo femenino, baja presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, etc.) y la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 4.3, establece: “La Junta de Comunidades propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de esta a la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política”.

En este contexto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. Los objetivos de esta ley son:

a) Promover condiciones que hagan efectivo y real el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar los obstáculos que dificultan su plenitud, dentro de las competencias de los poderes públicos de Castilla-La Mancha. b) Establecer medidas para prevenir y combatir la discriminación por razón de sexo.

Estos objetivos se buscan mediante:

a) Regulación de los principios de actuación de la Administración regional en sus competencias.

b) Promoción de la igualdad de género en entidades públicas y privadas.

c) Establecimiento de medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

d) Respeto a la diferencia y diversidad entre mujeres y hombres, y dentro de los colectivos de mujeres.

e) Intensificación de medidas para lograr la igualdad en colectivos con múltiples discriminaciones, además del sexo.

f) Adopción de medidas de acción positiva para compensar las desigualdades.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Fundamentos jurídicos

La Ley Orgánica 3/2007 se fundamenta principalmente en tres fuentes jurídicas:

• La Constitución Española.
• Tratados y Conferencias de las Naciones Unidas.
• Tratados y Directivas de la Unión Europea.

A) Constitución Española:

Dos artículos de la Constitución Española se refieren directamente al principio de igualdad:

• Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
• Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

B) Tratados y Conferencias de las Naciones Unidas:

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destacan:

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.
• Conferencias mundiales específicas, como la de Nairobi en 1985 y Beijing en 1995.

C) Tratados y Directivas de la Unión Europea:

La igualdad es un principio fundamental de la Unión Europea. La Ley Orgánica 3/2007 se basa principalmente en:

• Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam (el 1 de mayo de 1999), la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre ambos son objetivos que deben integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión Europea y sus miembros.
• Los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establecen tanto el principio de igualdad ante la ley como la prohibición de discriminación. Además, la Carta contiene un artículo específico, el 23, dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres y a las acciones positivas como medidas compatibles con la igualdad de trato.
• Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación y la promoción profesional, y las condiciones de trabajo.
• Directiva 2004/113/CE, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
• Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

Estructura

La Ley Orgánica 3/2007 está organizada de la siguiente manera: un Título preliminar, ocho Títulos principales, treinta y una disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. Los Títulos principales se dividen en capítulos y artículos, sumando un total de 78 artículos. La estructura es la siguiente:

• Exposición de motivos.
• Título Preliminar (artículos 1 y 2).
• Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación (artículos 3 al 13).
• Título II: Políticas públicas para la igualdad (artículos 14 al 35):
  • Capítulo I: Principios generales (artículos 14 al 22).
  • Capítulo II: Acción administrativa para la igualdad (artículos 23 al 35).
• Título III: Igualdad y medios de comunicación (artículos 36 al 41).
• Título IV: El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades (artículos 42 al 50):
  • Capítulo I: Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral (artículos 42 y 43).
  • Capítulo II: Igualdad y conciliación (artículo 44).
  • Capítulo III: Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad (artículos 45 al 49).
  • Capítulo IV: Distintivo empresarial en materia de igualdad (artículo 50).
• Título V: El principio de igualdad en el empleo público (artículos 51 al 68):
  • Capítulo I: Criterios de actuación de las Administraciones públicas (artículo 51).
  • Capítulo II: El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (artículos 52 al 54).
  • Capítulo III: Medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (artículos 55 al 64).
  • Capítulo IV: Fuerzas Armadas (artículos 65 y 66).
  • Capítulo V: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículos 67 y 68).
• Título VI: Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro (artículos 69 al 72).
• Título VII: La igualdad en la responsabilidad social de las empresas (artículos 73 al 75).
• Título VIII: Disposiciones organizativas (artículos 76 al 78).

Además, se incluyen:

• 31 Disposiciones Adicionales.
• 12 Disposiciones Transitorias.
• 1 Disposición Derogatoria.
• 8 Disposiciones Finales.

Objeto de la Ley

La Ley Orgánica 3/2007 busca garantizar que mujeres y hombres tengan la misma dignidad humana y derechos y deberes iguales. Su propósito es asegurar la igualdad de trato y oportunidades entre ambos sexos, eliminando cualquier forma de discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida, especialmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Esto se alinea con los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, y tiene como meta construir una sociedad más democrática, justa y solidaria.

Para lograr este objetivo, la Ley Orgánica 3/2007:

• Establece los principios que deben guiar la acción de los Poderes Públicos.
• Define los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas.
• Previene medidas para eliminar y corregir cualquier forma de discriminación por razón de sexo en los sectores público y privado.

Ámbito de aplicación

Todas las personas tienen derecho a la igualdad de trato y a no ser discriminadas por razón de sexo. Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007 se aplican a todas las personas, físicas o jurídicas, que se encuentren o actúen en territorio español, sin importar su nacionalidad, domicilio o residencia.

Contenido

Según la estructura previamente mencionada, los contenidos de los diferentes Títulos y Disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007 son los siguientes:

• Título Preliminar: Define el propósito y el ámbito de aplicación de la Ley.
• Título Primero:
  • Establece los conceptos y categorías jurídicas fundamentales relacionadas con la igualdad, como discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, y acciones positivas.
  • Determina las consecuencias legales de las conductas discriminatorias y proporciona garantías procesales para reforzar la protección judicial del derecho a la igualdad.
• Título Segundo:
  • Capítulo Primero:
    • Establece las pautas generales de acción de los poderes públicos en relación con la igualdad.
    • Define el principio de transversalidad y los instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas.
    • Consagra el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales y en los nombramientos realizados por los poderes públicos, con las consiguientes modificaciones en las Disposiciones adicionales de la Ley Electoral.
    • Regula los informes de impacto de género y la planificación pública de acciones a favor de la igualdad, que en la Administración General del Estado se materializarán en un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.
  • Capítulo Segundo:
    • Establece los criterios de orientación de las políticas públicas en materia de educación, cultura y sanidad.
    • Promueve la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información, la inclusión de medidas efectivas de igualdad en las políticas de acceso a la vivienda y en las de desarrollo del medio rural.
• Título Tercero:
  • Contiene medidas para promover la igualdad en los medios de comunicación social, con reglas específicas para los medios de titularidad pública.
  • Establece instrumentos de control para los casos de publicidad con contenido discriminatorio.

Título IV: Derecho al Trabajo en Igualdad de Oportunidades

• Medidas para garantizar la igualdad: Se incluyen medidas para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, la formación, la promoción profesional y las condiciones de trabajo.
• Protección contra el acoso: Se añade la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo como un derecho laboral de todos los trabajadores.
• Planes de igualdad en empresas: Las empresas con más de cincuenta empleados tienen la obligación de negociar planes de igualdad.
• Incorporación de mujeres al mercado laboral: Se establece un objetivo de mejorar el acceso y la permanencia de las mujeres en el empleo, potenciando su nivel educativo y su adaptabilidad a las demandas del mercado laboral. Las mujeres pueden ser consideradas un grupo prioritario en las políticas activas de empleo.
• Medidas sociales y laborales concretas: Se regulan medidas específicas en las disposiciones adicionales de la ley.
• Control y sanciones: Se ajustan las infracciones y sanciones, reforzando los mecanismos de control para los incumplimientos en materia de no discriminación. Se fortalece el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Novedosamente, se permite conmutar sanciones accesorias por la implementación de Planes de Igualdad.

Título V: Igualdad en el Empleo Público

• Capítulo I: Regula el principio de igualdad en el empleo público, estableciendo criterios generales para promover la igualdad en todas las Administraciones públicas.
• Capítulo II: Regula la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de órganos directivos de la Administración General del Estado. Esto se aplica también a los órganos de selección y valoración del personal, y a la designación de miembros de órganos colegiados, comités y consejos de administración de empresas en las que participe dicha Administración.
• Capítulo III: Se dedica a las medidas de igualdad en el empleo dentro de la Administración General del Estado, similar a lo previsto para el sector privado, e incluye la aprobación de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.
• Capítulos IV y V: Regulan específicamente el respeto del principio de igualdad en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Título VI: Igualdad en el Acceso a Bienes y Servicios

Este título se centra en garantizar la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios, poniendo un énfasis especial en el ámbito de los seguros.

Título VII: Responsabilidad Social Corporativa

• Acciones voluntarias de responsabilidad social: Las empresas pueden llevar a cabo acciones voluntarias de responsabilidad social en el ámbito de la igualdad. Estas acciones pueden ser concertadas con la representación de trabajadores y trabajadoras, organizaciones de consumidores, asociaciones de defensa de la igualdad y organismos de igualdad. Se regula específicamente el uso de estas acciones con fines publicitarios.
• Fomento de la igualdad en los consejos de administración: Se incluye la promoción de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las sociedades mercantiles, otorgando un plazo razonable para su implementación.

Título VIII: Disposiciones Organizativas

Este título establece una serie de disposiciones organizativas, incluyendo:

• Comisión Interministerial de Igualdad: Se crea una comisión encargada de la igualdad entre mujeres y hombres.
• Unidades de Igualdad en cada Ministerio: Cada ministerio contará con una unidad dedicada a la igualdad.
• Consejo de Participación de la Mujer: Se establece un consejo como órgano colegiado para facilitar la participación institucional en temas de igualdad.

Disposiciones Adicionales

Estas disposiciones incluyen:

• Modificaciones legislativas: Se ajustan diversas leyes vigentes para alinearlas con las exigencias y previsiones de la LO 3/2007.
• Regulaciones específicas: Se definen principios como la composición equilibrada, la creación de un fondo para la sociedad de la información, nuevos casos de nulidad de la relación laboral, y la designación del Instituto de la Mujer para implementar directivas.

Disposiciones Transitorias

Estas disposiciones establecen el régimen temporal aplicable a varios aspectos de la ley, incluyendo:

• Nombramientos y procedimientos: Se regula cómo se aplicarán las nuevas normativas de forma temporal.
• Medidas preventivas del acoso: En la Administración General del Estado.
• Distintivo empresarial en igualdad: Plazos y procedimientos para su implementación.
• Tablas de mortalidad y supervivencia: Ajustes necesarios en este ámbito.
• Nuevos derechos de maternidad y paternidad: Establecimiento de estos derechos.
• Composición equilibrada de listas electorales: Se establecen los plazos y procedimientos para su cumplimiento.
• Negociación de nuevos convenios colectivos: Procedimientos y plazos para la negociación.
• Planes de igualdad en empresas: La disposición transitoria 12ª establece los plazos para que las empresas de 50 a 250 trabajadores aprueben sus planes de igualdad.

Disposiciones Finales

Las disposiciones finales se refieren a:

• Naturaleza y fundamento constitucional de la ley: Explicación de su base constitucional y su relación con el derecho comunitario.
• Habilitación para el desarrollo reglamentario: Se establece la capacidad para desarrollar reglamentariamente la ley.
• Fechas de entrada en vigor: Se especifican las fechas en que la ley y sus diferentes disposiciones entrarán en vigor.
• Mandato de evaluación: Se establece la obligación de evaluar los resultados de la negociación colectiva en materia de igualdad.

La Ley Orgánica 3/2007 entró en efecto el 24 de marzo de 2007, el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado número 71, del 23 de marzo de 2007. Sin embargo, la disposición contenida en el artículo 71.2, que trata los costes asociados al embarazo y parto en contratos de seguros o servicios financieros, se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2008.

El principio de igualdad y protección contra la discriminación

Conceptos clave

Antes de abordar los principios fundamentales de la Ley Orgánica 3/2007, es esencial definir algunos conceptos clave que esta ley maneja:

• Principio de igualdad de trato y oportunidades.
• Discriminación.
• Acoso sexual.
• Acoso por razón de sexo.

También revisaremos cómo esta ley protege y garantiza el derecho a la igualdad.

A) Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (Artículos 3, 4 y 5)

Este principio establece que no debe haber discriminación, ya sea directa o indirecta, basada en el sexo, especialmente aquella derivada de:

• Maternidad.
• Responsabilidades familiares.
• Estado civil.

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres es fundamental en el marco legal y debe ser considerado en la interpretación y aplicación de las leyes.

Dicho principio, aplicable tanto en el ámbito laboral privado como en el público, se asegura en las siguientes áreas:

• Acceso al empleo y al trabajo autónomo.
• Formación profesional.
• Promoción profesional.
• Condiciones de trabajo, incluidas remuneraciones y términos de despido.
• Afiliación y participación en sindicatos y organizaciones profesionales, incluyendo beneficios que estas puedan ofrecer.

B) Discriminación (Artículos 6, 8 y 9)

Se define como discriminación directa por sexo cualquier situación en la que una persona sea tratada de manera menos favorable en comparación con otra en una situación similar debido a su sexo.

Todo trato desfavorable hacia las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad también constituye discriminación directa.

La discriminación indirecta por sexo ocurre cuando una política, criterio o práctica aparentemente neutral coloca a personas de un sexo en desventaja en comparación con el otro, a menos que dicha política, criterio o práctica se justifique de manera objetiva por una finalidad legítima y que los medios para alcanzar esa finalidad sean necesarios y adecuados.

Cualquier mandato de discriminar, ya sea directa o indirectamente por razón de sexo, será considerado discriminatorio.

Se entenderá como discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que ocurra a una persona como resultado de su intento por denunciar la discriminación o exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

C) Acoso sexual y acoso por razón de sexo (Art. 7)

La Ley Orgánica 3/2007 define el acoso sexual como cualquier acción de índole sexual, ya sea verbal o física, que intente o resulte en una violación de la dignidad de una persona, creando un ambiente intimidante, humillante o agresivo. El acoso por razón de sexo se refiere a actos basados en el sexo de una persona que buscan o consiguen deteriorar su dignidad y generar un entorno hostil o degradante. Ambas formas de acoso son consideradas discriminación.

Si se condiciona un derecho o la expectativa de un derecho a tolerar el acoso sexual o por razón de sexo, esto también se tratará como discriminación por sexo.

D) Consecuencias legales de comportamientos discriminatorios (Art. 10)

El artículo 10 de la LO 3/2007 establece que cualquier acto o cláusula en acuerdos legales que resulte en discriminación por sexo será declarado nulo y sin validez. Estos actos acarrean responsabilidades y pueden llevar a reparaciones o compensaciones proporcionales al daño sufrido, además de posibles sanciones efectivas para prevenir futuras discriminaciones.

E) Protección judicial efectiva y evidencia (Arts. 12 y 13)

Según el artículo 53.2 de la Constitución Española, cualquier ciudadano puede solicitar protección judicial de los derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del Capítulo Segundo a través de procedimientos preferentes y sumarios, y si es necesario, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Cualquier persona afectada por discriminación puede buscar protección judicial del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, incluso después de finalizada la relación laboral o social donde ocurrió la discriminación. Tanto individuos como entidades con un interés legítimo pueden participar en procesos civiles, sociales y administrativos para defender este derecho. La víctima de acoso sexual o por razón de sexo es la única que puede representarse en litigios relacionados.

En procedimientos donde se alegue discriminación por sexo, será responsabilidad del acusado demostrar que no hubo discriminación en sus acciones y que estas fueron proporcionales. Este requisito no aplica en el ámbito penal. Además, los jueces pueden solicitar informes o dictámenes de entidades públicas competentes si lo consideran necesario.

Los poderes públicos pueden implementar medidas específicas para mujeres con el fin de corregir desequilibrios evidentes respecto a los hombres. Estas medidas deben ser razonables y proporcionadas al objetivo deseado y se mantendrán mientras persista la desigualdad.

Principios Generales

Los principios fundamentales de la Ley Orgánica 3/2007 están delineados en el Capítulo 1 del Título II de la ley. A continuación, se describen de manera resumida.

A) Criterios Generales (Art. 14)

El artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 establece los criterios básicos que deben seguir los Poderes Públicos para lograr los objetivos de esta legislación.

Los criterios incluyen:

1. Un compromiso firme con la efectividad del derecho constitucional a la igualdad de género.

2. La incorporación del principio de igualdad de trato y oportunidades en todas las políticas públicas, ya sean económicas, laborales, sociales, culturales o artísticas, con el objetivo de prevenir la segregación laboral, eliminar disparidades salariales y fomentar el emprendimiento femenino en todos los sectores, incluyendo el reconocimiento del trabajo doméstico.

3. La colaboración y cooperación entre diferentes niveles de gobierno para aplicar el principio de igualdad de género.

4. La representación equitativa de mujeres y hombres en las listas electorales y en los procesos de toma de decisiones.

5. La implementación de medidas para eliminar la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y por razón de sexo.

6. Reconocer y abordar las dificultades particulares de las mujeres de grupos vulnerables, como minorías, inmigrantes, niñas, mujeres con discapacidades, mujeres mayores, viudas y víctimas de violencia de género, para quienes también se podrían implementar acciones positivas.

7. La protección de la maternidad, asegurando una atención especial a los efectos del embarazo, parto y lactancia, y su aceptación social.

8. La adopción de medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de ambos géneros, promoviendo la corresponsabilidad en las tareas domésticas y cuidado familiar.

9. El fomento de la colaboración entre diferentes administraciones públicas, agentes sociales, asociaciones de mujeres y entidades privadas.

10. Promover la aplicación efectiva del principio de igualdad de género en las interacciones entre individuos.

11. La implementación y promoción de un lenguaje inclusivo en las administraciones públicas y en todas las esferas de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

12. La integración de todos estos principios en la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

B) Aplicación generalizada del principio de igualdad de género (Art. 15)

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres será una directriz fundamental para todas las acciones de los Poderes Públicos. Las administraciones públicas lo incorporarán activamente en:

• La creación y ejecución de leyes y regulaciones.
• La planificación y asignación presupuestaria de todas las políticas públicas.
• El desarrollo de todas sus operaciones y actividades.

C) Designaciones públicas (Art. 16)

Los Poderes Públicos se esforzarán por asegurar una representación equilibrada de mujeres y hombres en las designaciones a cargos de responsabilidad.

D) Planificación y reportes (Arts. 17, 18 y 19)

La Ley Orgánica 3/2007, en su artículo 17, obliga al Gobierno a aprobar un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades periódicamente, que incluya acciones específicas para alcanzar la igualdad de género y erradicar la discriminación por sexo, en áreas de competencia estatal.

El artículo 18 exige al Gobierno la realización de informes regulares sobre sus esfuerzos para implementar el principio de igualdad, que deben ser presentados ante las Cortes Generales. La metodología para estos informes está especificada en el Real Decreto 1729/2007, del 21 de diciembre.

Según el artículo 19, cualquier proyecto de normativa general y planes de importancia en los sectores económico, social, cultural y artístico que requieran la aprobación del Consejo de Ministros, deberán incluir un análisis de impacto de género.

E) Estadísticas y análisis (Art. 20)

El artículo 20 de la LO 3/2007 establece que los estudios y estadísticas realizados por los poderes públicos deben incorporar varias medidas para asegurar la efectiva integración de la perspectiva de género:

a) Incluir la variable de género de manera sistemática en todas las estadísticas, encuestas y recolección de datos.

b) Crear e incluir nuevos indicadores estadísticos que ayuden a entender las diferencias y realidades de mujeres y hombres, y cómo interactúan estos factores.

c) Implementar indicadores y mecanismos que revelen el impacto de otras variables que contribuyen a situaciones de discriminación múltiple.

d) Realizar estudios con muestras amplias que permitan análisis detallados según el género.

e) Analizar datos existentes para entender y comparar las diversas realidades de mujeres y hombres en distintos contextos.

f) Revisar y adaptar definiciones estadísticas para valorar adecuadamente el trabajo femenino y evitar estereotipos negativos.

Estas medidas son de cumplimiento obligatorio y cualquier excepción debe justificarse mediante un informe motivado y aprobado por la autoridad competente.

F) Cooperación entre Administraciones Públicas (Arts. 21 y 22)

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas trabajarán conjuntamente para incorporar el derecho a la igualdad de género en sus áreas de competencia, especialmente en sus procesos de planificación. Dentro de la Conferencia Sectorial de la Mujer, se podrán crear planes y programas de acción conjuntos con este objetivo.

Las Entidades Locales también adoptarán el principio de igualdad en sus funciones y colaborarán con otras administraciones públicas para este propósito.

Para promover una distribución equitativa del tiempo entre mujeres y hombres, las corporaciones locales pueden desarrollar Planes Municipales para la organización del tiempo en las ciudades. Aunque respetando las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado puede ofrecer apoyo técnico en la creación de estos planes.

Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha

Objetivos

El objetivo principal de la Ley 12/2010 es lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida.

Además, la Ley 12/2010 persigue:

a) Eliminar cualquier tipo de discriminación por género, ya sea directa o indirecta. b) Construir una sociedad más democrática, equitativa y solidaria, donde el desarrollo de cada individuo se base en sus capacidades personales y no en estereotipos de género.

Ámbito de Aplicación:

La Ley 12/2010 se aplica en toda la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, según lo estipulado en la ley, afecta a:

a) La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos y todas las entidades del sector público regional.

b) Las entidades de la Administración Local, incluyendo sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y otras entidades con personalidad jurídica donde predomine la representación de estas administraciones.

c) Las universidades de Castilla-La Mancha, respetando su autonomía universitaria. La ley también se extiende a individuos y entidades legales dentro del territorio de Castilla-La Mancha, según los términos especificados en la ley.

Principios de Acción

El artículo 4 de la Ley 12/2010 establece que los principios guía para las acciones de las Administraciones públicas incluyen:

a) La integración completa del principio de igualdad de género en todas las políticas públicas.

b) La inclusión de una perspectiva de género en todas las políticas públicas implementadas por las Administraciones de Castilla-La Mancha.

c) La adopción de un enfoque de transversalidad de género en todas las políticas y acciones públicas en cualquier área de actuación administrativa.

d) La protección reforzada del derecho a la igualdad de trato para mujeres o grupos de mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

e) La promoción de la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y familiar, incentivando la conciliación de la vida personal, familiar y profesional tanto para mujeres como para hombres.

f) El fomento de las empresas de la región para negociar con representación sindical planes de conciliación y de igualdad, así como medidas para la integración completa de las mujeres en el mercado laboral, con especial atención a aquellas en situaciones de vulnerabilidad.

g) La implementación de un lenguaje inclusivo en el ámbito administrativo y su promoción en todas las esferas sociales.

h) El fomento de una participación y representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos públicos de decisión.

i) La valoración de la maternidad como una función social crucial, reconociendo los efectos del embarazo, parto y lactancia.

j) La exigencia de adherencia al principio de igualdad de trato y no discriminación por género en todas las actividades financiadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

k) La eliminación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de género.

A) Participación y Representación Equitativa

Se buscará un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los diversos órganos públicos de decisión, ejecutivos, consultivos y asesores de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus entidades públicas. Esto también se aplicará a los altos cargos y órganos unipersonales del Gobierno Regional, así como en las designaciones de miembros de órganos de administración de entidades públicas.

En los órganos colegiados, se procurará una representación equitativa de género. Se excluyen de este cálculo las personas que ocupan cargos específicos por su posición. Cada organización responsable de las designaciones deberá facilitar una composición que permita esta participación equilibrada.

Según la Ley 12/2010, una “participación equilibrada” significa que ningún género constituya más del 60% ni menos del 40% del total.

La “representación equilibrada” se refiere a la alternancia de candidatos de cada género en las listas para las Cortes Regionales, con hombres y mujeres ocupando alternativamente los puestos pares e impares.

B) Perspectiva de Género e Informe de Impacto de Género

La “perspectiva de género” implica analizar la realidad social considerando las diferencias en situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades entre hombres y mujeres, basado en cómo cada género ha sido socializado.

Un “informe de impacto de género” evalúa los efectos potenciales de una política sobre ambos géneros y sugiere medidas para fortalecer el principio de igualdad.

Todas las propuestas legales, normativas y planes sometidos al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha deben incluir un informe de impacto de género que examine los impactos potenciales en hombres y mujeres y proponga medidas para promover la igualdad de género.

C) Integración de la Perspectiva de Género en Estadísticas y Registros Autonómicos

Para asegurar la efectividad en la aplicación de la perspectiva de género, los organismos públicos deberán incorporar constantemente la variable de género en todas las estadísticas, encuestas y registros autonómicos. Las autoridades de Castilla-La Mancha incluirán indicadores específicos de género en sus estadísticas para profundizar el entendimiento de las diferencias en valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, tal y como lo dicta el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

D) Transversalidad de Género

La transversalidad de género implica integrar la perspectiva de género y el principio de igualdad en todas las políticas y programas en todos los niveles, afectando la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Todas las áreas funcionales de las administraciones públicas de Castilla-La Mancha, mencionadas en el artículo 3.2 de la Ley 12/2010, adoptarán y ejecutarán activamente este principio en la creación y aplicación de normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo de todas sus actividades.

E) Presupuesto con Perspectiva de Género

El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha será una herramienta clave para alcanzar efectivamente la igualdad de género. Antes de su aprobación, se realizará un informe de impacto de género del proyecto de ley presupuestaria, considerando las experiencias, contribuciones y necesidades tanto de mujeres como de hombres. Este informe será elaborado por la Comisión de Igualdad.

F) Uso de Lenguaje No Sexista e Imagen Pública de las Mujeres

El lenguaje empleado por la administración será inclusivo para ambos géneros, utilizando formas femeninas, masculinas o neutras para eliminar cualquier sesgo sexista, incluso los indirectos. Además, se promoverá el uso de un lenguaje no sexista entre los ciudadanos. En la comunicación institucional, las administraciones públicas de Castilla-La Mancha cuidarán de transmitir una imagen equitativa, diversa y libre de estereotipos de mujeres y hombres, y promoverán el conocimiento y la divulgación del principio de igualdad de género en la implementación de sus políticas.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha llevará a cabo campañas institucionales que promuevan la presencia de mujeres en profesiones, estudios o actividades públicas donde estén subrepresentadas. Estas campañas utilizarán un lenguaje inclusivo y evitarán perpetuar estereotipos de género tradicionales.

(Consulta el Anexo al final de este documento sobre las recomendaciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para un uso inclusivo del lenguaje).

D) Coordinación entre la Administración Autonómica y las Administraciones Territoriales

Las autoridades de Castilla-La Mancha deben trabajar juntas y coordinar sus esfuerzos en materia de igualdad de género para que sus acciones sean más efectivas y aprovechen de manera óptima los recursos disponibles.

Deberán también fomentar la cooperación con otras administraciones y entidades públicas a nivel autonómico, estatal, local o internacional, para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres.

E) Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades

El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades, que será ratificado por el Consejo de Gobierno, servirá como herramienta principal para que las administraciones públicas de Castilla-La Mancha logren la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y eliminen la discriminación de género, implementando las acciones y medidas estipuladas en la Ley 12/2010.

Igualdad de Trato y de Oportunidades y la No Discriminación por Razón de Sexo

El Título 1 de la Ley 12/2010 aborda el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, reconociendo los derechos fundamentales establecidos en el artículo 14 de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

A) Derecho al Empleo

Todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, sin distinción de género, tienen derecho a la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral.

La Junta de Comunidades, dentro de su marco de competencias, se asegurará de que se respete el derecho a la no discriminación por razón de sexo en todos los aspectos del empleo, incluyendo el acceso, las condiciones laborales, la permanencia, la formación y la promoción profesional, utilizando todos los medios disponibles para ello.

B) Derecho a la Representación y Participación Equitativa

Tanto mujeres como hombres tienen derecho a una representación pública equitativa. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asegurará que tanto mujeres como hombres tengan una participación y representación equilibrada en el ámbito autonómico, conforme a lo establecido en la sección A) del apartado 1.3.3.

Además, la Junta promoverá la participación equitativa en colegios profesionales, asociaciones con presencia regional, y en organizaciones sindicales y empresariales, respetando siempre su estructura organizativa.

C) Derecho a la Corresponsabilidad en el Ámbito Familiar y Doméstico

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha implementará iniciativas específicas destinadas a eliminar estereotipos de género y a promover la corresponsabilidad en las responsabilidades familiares y domésticas. Estas medidas están diseñadas para asegurar que tanto mujeres como hombres compartan equitativamente las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes.

D) Derecho a Vivir Libre de Violencia de Género

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha llevará a cabo programas de sensibilización, prevención y asistencia para asegurar el derecho de las mujeres a vivir libres de cualquier forma de violencia de género.

E) Derecho a la Protección de la Salud con Enfoque de Género

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha garantizará la igualdad de trato y oportunidades en la protección de la salud de mujeres y hombres, considerando sus diferentes situaciones y necesidades específicas, e integrando un enfoque de género en la investigación médica y los tratamientos. Además, se proporcionará atención médica especializada a mujeres en áreas como la salud reproductiva y sexual, el embarazo, la anticoncepción, la interrupción voluntaria del embarazo y la maternidad, a través del sistema de salud pública.

F) Derechos Sociales Básicos con Perspectiva de Género

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asegurará que tanto mujeres como hombres disfruten de los derechos sociales básicos, aplicando una perspectiva de género en todos los servicios públicos y programas dirigidos a personas en situación de pobreza, exclusión social o afectadas por múltiples discriminaciones.

G) Derecho a la Vivienda

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asegura un acceso prioritario a la asignación de viviendas de protección oficial, ya sea en régimen de alquiler o compra, para mujeres de la región que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad. Esto incluye a aquellas en condiciones de necesidad o exclusión social, víctimas de violencia de género, o que pertenezcan a grupos que enfrentan múltiples discriminaciones, como las mujeres solteras con responsabilidades familiares, bajo las normativas que se establezcan.

H) Derechos de las Mujeres en el Medio Rural

Las autoridades de Castilla-La Mancha deben asegurar el acceso a la formación y a los recursos necesarios para las mujeres en áreas rurales, para facilitar su entrada al mercado laboral y su participación en el desarrollo sostenible de su entorno, según lo regulado.

Se fomentarán servicios que permitan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, asegurando su disponibilidad. Además, la Junta de Comunidades facilitará programas de capacitación para mejorar la inserción laboral de las mujeres rurales y promoverá su plena integración en la sociedad de la información mediante programas específicos de acceso y formación en nuevas tecnologías, poniendo especial atención en las residentes de zonas rurales.

La Junta también reconocerá y valorará el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrícolas, apoyando el cooperativismo femenino rural para asegurar una representación equitativa de género. Para facilitar el ejercicio de estos derechos, se creará un censo voluntario de mujeres rurales que recibirán información y asesoramiento regularmente.

La Junta integrará la perspectiva de género en todas las políticas de desarrollo rural, asegurando que se atiendan las necesidades de las mujeres y se promueva su plena participación en condiciones de igualdad de oportunidades con los hombres.

I) Derechos de las Mujeres Jóvenes

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impulsará el empleo entre las mujeres jóvenes de la región, definidas como aquellas menores de 30 años, mediante la implementación de medidas específicas que mejoren el acceso al empleo, los sistemas de formación y las iniciativas que promuevan el autoempleo.

J) Derechos de las Mujeres Mayores

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asegurará subsidios económicos para personas mayores de 65 años que vivan solas y cuyos ingresos no superen los de una pensión no contributiva, siempre que no tengan otros ingresos o estos sean compatibles. Estos subsidios se regirán bajo las normas que se establezcan reglamentariamente. Además, se brindará acceso prioritario a plazas en residencias para ancianos de la red pública a las mujeres mayores de 60 años que hayan sido víctimas de violencia de género.

K) Derechos de las Mujeres Viudas

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha proporcionará ayuda económica a las mujeres viudas que tengan responsabilidades familiares y cuyos ingresos sean inferiores a un umbral definido reglamentariamente.

L) Derechos de las Mujeres con Discapacidades

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asegurará que las mujeres con discapacidades psíquicas, funcionales o sensoriales, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, tengan acceso a información clara y adaptada a sus necesidades sobre medidas y recursos disponibles para acceder a la educación, formación universitaria, empleo y condiciones laborales adecuadas a sus circunstancias personales. También se proveerá la formación necesaria para manejar nuevas tecnologías y dispositivos ajustados a sus necesidades específicas para facilitar su integración.

M) Derechos de las Mujeres Inmigrantes

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha garantizará que todas las mujeres inmigrantes, independientemente de su estatus legal, reciban información sobre los derechos que les concede la legislación española actual y sobre los recursos sociales disponibles en la comunidad autónoma.

N) Derechos de las Mujeres Prostituidas

Las mujeres en Castilla-La Mancha que sean víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, prostitución o comercio sexual tendrán derecho a todos los beneficios establecidos en la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, que sustituye a la anterior Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas.

Órganos Promotores

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, un organismo autónomo establecido por la Ley 22/2002 de 21 de noviembre, se encuentra adscrito a la Consejería de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de la Región. Este instituto desempeña un papel crucial en:

a) Impulsar la implementación de la Ley 12/2010.

b) Desarrollar planes de igualdad para el Gobierno de Castilla-La Mancha.

c) Coordinar las unidades de igualdad distribuidas en las distintas Consejerías.

d) Evaluar la eficacia de las medidas de igualdad implementadas.

Cada tres años, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha redactará un informe sobre el progreso de la aplicación de la Ley 12/2010, sugiriendo medidas y acciones necesarias para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Este informe se presentará a las Cortes Regionales.

Unidades de Igualdad de Género

Cada Consejería contará con una Unidad de Igualdad de Género encargada de promover la integración completa de la igualdad de género y la inclusión de la perspectiva de género en el análisis y planificación de las acciones públicas que se gestionen desde ese departamento.

Las funciones básicas de las unidades de igualdad incluyen:

a) Impulsar la ejecución del plan estratégico para la igualdad de oportunidades dentro de su campo de acción.

b) Recolectar y manejar la información estadística proporcionada por cada Consejería y aconsejar sobre los indicadores necesarios de desagregación por género para cada actividad.

c) Proponer y realizar estudios que fomenten la igualdad de género en las áreas de actividad de cada Consejería.

d) Preparar informes de impacto de género para propuestas de nuevas leyes, reglamentos y planes.

e) Promover entre el personal de cada Consejería el conocimiento de los derechos y deberes establecidos en la Ley 12/2010.

f) Llevar a cabo estudios de evaluación sobre la implementación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha en cada Consejería.

La estructura, organización y funcionamiento de las unidades de igualdad de género se definirán reglamentariamente. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también fomentará la creación de unidades de género en la administración local y en las universidades.

Comisión de Igualdad

Bajo la supervisión de la Consejería encargada de hacienda, se ha establecido la Comisión de Igualdad, formada por un número igual de representantes de dicha Consejería y del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Las principales funciones de la Comisión de Igualdad incluyen:

a) Emitir informes de impacto de género para los anteproyectos de ley de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

b) Promover y apoyar la elaboración de los presupuestos de cada Consejería desde una perspectiva de género.

c) Colaborar con las diferentes Consejerías, empresas y entidades públicas para integrar la perspectiva de género en sus planificaciones económicas.

La estructura, composición y funcionamiento de la Comisión serán especificados en la reglamentación correspondiente.

Centro de Estudios e Investigaciones de la Igualdad de Género

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha fomentará la creación de un Centro de Estudios e Investigaciones de la Igualdad de Género. Este Centro se dedicará a analizar y estudiar las discriminaciones por razón de sexo, evaluar las políticas de igualdad y promover estrategias y medidas para lograr una igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Garantía del Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación por Razón de Sexo

El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha

El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha actúa como garante del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en las acciones llevadas a cabo por las administraciones públicas de la región. El informe anual que esta entidad envía a las Cortes incluirá un apartado específico sobre igualdad de género, detallando las actividades realizadas por esta institución para supervisar el cumplimiento de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de sexo por parte de las administraciones públicas.

Informes y Monografías sobre Igualdad de Género

La oficina adjunta de Igualdad del Defensor del Pueblo elaborará informes y monografías especiales sobre igualdad de género y no discriminación por razón de sexo, en respuesta a quejas de discriminación y en situaciones específicas iniciadas de oficio.