El artículo 103.3 de la Constitución Española establece que una ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, asegurando que el acceso a la función pública se base en los principios de mérito y capacidad. Además, define cómo se ejercerá el derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías necesarias para mantener la imparcialidad en el desempeño de sus funciones. Por su parte, el artículo 149.1.18 de la Constitución otorga al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el estatuto de sus funcionarios. Este marco normativo asegura un trato uniforme a los ciudadanos ante la administración pública, establece un procedimiento administrativo común, y regula temas como la expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas.
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) es la normativa que recoge los principios generales que rigen las relaciones laborales en el sector público. Esta normativa aplica tanto a los funcionarios como al personal laboral de todas las administraciones públicas.
En cumplimiento del mandato constitucional, se promulgó el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este estatuto es aplicable a todas las Comunidades Autónomas, respetando, no obstante, las particularidades en cuanto a sistema institucional y competencias en materia de función pública y autoorganización, tal como se reconocen en sus respectivos Estatutos de Autonomía dentro del marco constitucional. La Constitución Española, en su artículo 148.1.1, permite que las Comunidades Autónomas asuman competencias en la organización de sus instituciones de autogobierno.
En línea con esto, el artículo 31.1.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto) confiere a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia exclusiva en la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Además, el artículo 39.3 de dicho Estatuto establece que, en el ejercicio de esta competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma, en conformidad con la legislación estatal, la regulación del régimen estatutario de sus funcionarios.
Con base en las competencias atribuidas por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y dentro del marco de la legislación básica estatal, se aprobó la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. Esta ley regula y organiza el empleo público en la región, así como el régimen jurídico del personal que forma parte de él. Fue aprobada en el contexto de la entonces vigente Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que posteriormente fue derogada por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas deben promulgar, dentro de sus competencias, las leyes que regulen la función pública en la administración autonómica, en desarrollo del nuevo EBEP. Hasta que estas nuevas leyes y normativas sean aprobadas, seguirán vigentes las disposiciones actuales sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en cada administración pública, siempre que no contradigan lo establecido en el EBEP.
El EBEP se aplica al personal funcionario (y en lo que corresponda, al personal laboral) que presta servicios en la Administración General del Estado y en las siguientes administraciones públicas:
a) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
b) Las Administraciones de las entidades locales.
c) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquier administración pública.
d) Las Universidades públicas.
En cuanto al personal docente y al personal estatutario de los Servicios de Salud, estos se regirán por la legislación específica emitida por el Estado y las comunidades autónomas dentro de sus respectivas competencias, así como por lo previsto en el EBEP, excepto en ciertos capítulos y artículos específicos.
El empleo público en Castilla-La Mancha es el medio que tienen las Administraciones Públicas de esta región para gestionar y satisfacer los intereses generales que les han sido asignados, guiándose por los siguientes principios:
a) Servicio a la ciudadanía y a los intereses generales.
b) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el desempeño de sus responsabilidades.
c) Economía, eficacia, eficiencia, transparencia y austeridad en la gestión de los recursos públicos.
d) Cumplimiento absoluto del ordenamiento jurídico.
e) Igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres.
f) Igualdad, mérito, capacidad e idoneidad en el acceso, provisión y promoción profesional.
g) Jerarquía en la asignación, organización y ejecución de las funciones y tareas.
h) Desarrollo y capacitación profesional continua del personal empleado público.
i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.
j) Negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de empleo.
k) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.
l) Promoción de la estabilidad en el empleo público.
m) Ética profesional en el desempeño del servicio público.
En los siguientes apartados, analizaremos las disposiciones más importantes del régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, combinando las dos normas principales que lo regulan: el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha (LEPCLM).
